Es verdad que cuatro años para una sentencia parecen muchos años, incluso para un asunto tan complejo y trascendental como el Estatuto de Cataluña. Pero al fin y al cabo, es probable que tanta espera haya valido la pena.
Todos éramos conscientes de que en esta sentencia no sólo estaba en juego el autogobierno de Cataluña dentro de España, sino el desarrollo completo del Estado de las Autonomías. Lo sabía el Tribunal Constitucional, lo sabían los gobernantes de las comunidades autónomas que han tomado el Estatuto de Cataluña como referencia para la reforma de sus propios estatutos, lo sabían las fuerzas políticas que apoyaron el Estatuto… y lo sabía perfectamente el PP. Precisamente por eso y para eso presentó el recurso.
El objetivo de la desaforada campaña del PP contra el Estatuto no era tan sólo impedir su aprobación, sino provocar un frenazo en el desarrollo del Estado autonómico, dando por fin satisfacción a una vieja aspiración de la derecha española desde el día en que Fraga negó su apoyo a la Constitución precisamente por su disconformidad con el Título VIII, que prefiguraba una estructura descentralizada del Estado con un aspecto claramente federal.
En la pasada legislatura, el PP quiso cabalgar sobre un caballo indómito y peligroso: la reactivación del nacionalismo español excluyente y separador, que está en el origen de muchas de las desgracias históricas de España. No vacilaron en estimular una auténtica paranoia anticatalana: baste recordar que mientras los responsables políticos del PP y sus apoyos mediáticos arremetían contra el Estatuto al grito de ¡España se rompe! (es decir, contribuían a romperla), desde sus terminales sociales se alentaban campañas de boicot contra los productos catalanes y se convertía todo lo catalán en sospechoso.
Boicotearon el Estatuto desde el primer momento: se negaron a participar en su elaboración, denunciaron la aprobación del proyecto en el Parlamento de Cataluña, obstruyeron el debate en el Parlamento de España, pidieron el voto negativo en el referéndum y recurrieron más de 100 artículos ante el Tribunal Constitucional. Organizaron campañas de recogida de firmas y llegaron a exigir cosas ilegales, como un referéndum en toda España sobre el Estatuto de una comunidad autónoma.
Pero como decía antes, no hay mal que por bien no venga. Durante estos cuatro años, el Estatuto se ha aplicado y ha comenzado a desarrollarse. Y todo el mundo ha podido comprobar que el Estado español no se ha desmoronado, que España sigue en su sitio, que la convivencia entre los españoles goza de buena salud y que las catástrofes anunciadas por los predicadores de la catástrofe brillan por su ausencia.
Juzguemos las cosas por sus resultados. El PP no pretendía mejorar o corregir el Estatuto de Cataluña: pretendía derribarlo. Y después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estatuto está en pie. Puede seguir aplicándose y desarrollándose, ahora ya sin la hipoteca de un recurso pendiente. Y, además, hoy sabemos que el desarrollo autonómico que ha impulsado el Gobierno de Zapatero, y del que este Estatuto es referente, es perfectamente compatible y respetuoso con la Constitución Española
Desde el punto de vista jurídico y político, el autogobierno de Cataluña ha salido reforzado de este episodio. Como ha salido reforzada la Constitución y la convivencia.
Esto lo saben mejor que nadie los catalanes, aunque algunos se sientan obligados a sobreactuar un agravio que, en todo caso, no ha cometido el Gobierno de España –que siempre ha apoyado el Estatuto- ni el Tribunal Constitucional –que lo ha convalidado casi por completo-, sino quienes lo han combatido por tierra, mar y aire, aunque en estos días el señor Rajoy trate –también en este tema- de confundirse con el paisaje, haciendo como si la cosa no fuera con él.
Cuando cesen los aspavientos de rigor y se despeje el polvo de la refriega por ocupar la posición, se verá con más claridad que bien está lo que bien acaba. Y esta historia, digan lo que digan, ha acabado razonablemente bien.
