Desde muy joven, cuando empecé en Lugo a militar en el partido, aprendí que el ejercicio de la política no era una tarea nada fácil. Que había que lidiar con intereses diferentes. Que había que saber ceder para conseguir buena parte de tus objetivos.

A día de hoy, después de años de experiencia, esta crisis internacional me está enseñando, nos está enseñando a todos, que la política es una actividad aún mucho más compleja de lo que podíamos imaginar.

El poder hoy está más fragmentado y los intereses se han multiplicado. Instituciones nacionales e internacionales, grandes corporaciones, grupos de interés, forman un tablero de juego de límites indefinidos. La interdependencia es cada vez mayor y el tiempo para reaccionar es cada vez menor.

Una revolución en un país árabe, las declaraciones de un miembro de un organismo internacional o un accidente nuclear en un país lejano. Cualquier acontecimiento, por lejos que se produzca, puede condicionar la agenda política local.

La información no descansa y la velocidad a la que operan los mercados, desafía la capacidad de respuesta de los gobiernos. Algunas decisiones se tienen que tomar en muy poco tiempo y aún así corres el riesgo de llegar tarde.

Y cuanto más rápido se toman las decisiones, más difíciles son de explicar a los ciudadanos. Este es el contexto en el que nos hemos enfrentando a la mayor crisis económica en el mundo desde el año 29.

No es un contexto previsible, ni conocido. No es un contexto fácil.

Y, a pesar del entorno, estamos en condiciones de afirmar que hemos conseguido incrementar la fortaleza del país para resistir una crisis global de tanta profundidad.

Y quiero aclarar, para que nadie me interprete mal, que ésta no es un valoración desde la complacencia.

Porque a ningún gobierno le puede dejar satisfecho una tasa de paro como la que asume España, especialmente de paro juvenil.

Es una valoración que realizo desde la autocrítica, tratando de ser objetivo, desde el análisis comparado del escenario de partida.

Permítanme que haga un breve balance.

España, junto con Suecia, Finlandia y Dinamarca ha sido el país que más superávits presupuestarios ha conseguido desde 2004.

Esto nos ha permitido disponer de un colchón para soportar el déficit público ocasionado por la crisis y seguir presentando menos endeudamiento público que países como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido.

En estos años, hemos reforzado todos los mecanismos de cohesión social. Aumentamos la tasa de cobertura del desempleo más de un 10%. El Salario Mínimo Interprofesional, un 40%. La pensión media de jubilación, en más de un 46%, y las pensiones mínimas tuvieron un incremento aún mayor, por ejemplo las de viudedad subieron un 81%.

El presupuesto destinado a becas aumentó un 86%. Y hemos invertido más de 6.800 millones de euros en atención a las personas dependientes. Reconociendo unos derechos a este colectivo y a sus familias que antes no tenían.

En definitiva, si no hubiéramos fortalecido el Estado de Bienestar, como lo hemos hecho, al tiempo que manteníamos saneadas las cuentas públicas, que nadie tenga ninguna duda: la situación social, hoy en día, sería peor.

Pero nuestro balance, no es sólo social.

Estos años hemos aumentado los resortes para apuntalar nuestra competitividad y nuestro crecimiento, una vez superada la crisis. Hemos triplicado la inversión en I+D+i. Hoy, en España, hay 60.000 personas más trabajando en investigación y desarrollo.

Actualmente somos un país líder en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, en autovías, en dotación de aeropuertos y en capacidad de nuestros puertos.

Hemos reducido nuestra dependencia energética. Tanto por la vía de la eficiencia, como por la vía de incremento de la producción de energía autóctona: la energía renovable. Estamos destacando en varias variables de futuro.

Por ejemplo, lideramos el ranking de los países europeos con más superficie dedicada a la agricultura ecológica y el de los países cuyas empresas utilizan más la banda ancha.

Hemos reforzado nuestra posición en el mundo. Hemos escalado puestos, tanto en inversión internacional recibida, como en inversión española en el extranjero. Y hemos situado a nuestro país en el foro de referencia para la gobernanza global, el G20.

Además, hemos avanzado mucho en variables que refuerzan nuestra seguridad. Estamos más cerca que nunca del final del terrorismo, hemos rebajado la tasa de criminalidad, aumentamos los delitos esclarecidos y hemos dado un salto de gigante en seguridad vial.

En este tiempo, hemos abordado reformas sobre el sector financiero, la sostenibilidad de las pensiones, el mercado laboral, la formación profesional, nuestro sector aéreo y nuestros puertos y sobre la estabilidad presupuestaria, entre otras.

Aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo que denominamos las 3 “E”: empleo, educación y emprendedores. Pero no se pueden negar los avances alcanzados.

Y así lo recoge el informe del FMI presentado la semana pasada que señala que pese a la ralentización de la economía mundial, España será de los pocos países avanzados que mantiene la senda de aceleración de su crecimiento en el 2012 y pasa a crecer más que la media de la zona Euro a partir de ese año.

Por tanto, hoy España, pese a las dificultades de la crisis, está girando hacia un patrón de crecimiento más equilibrado y sólido que el que tenía en su posición de partida.

Y permítanme que haga una reflexión sobre esa posición de partida.

Porque el PP ha gobernado este país durante ocho años que coincidieron con un periodo expansivo de la economía.

Una expansión que ni comenzó, ni se detuvo con su mandato. Gestionaron la mitad del camino del ciclo alcista más duradero de nuestra economía. Un ciclo que comenzó en 1993 y finalizó en 2008.

El balance de reformas del Partido Popular durante su época de Gobierno ha sido más bien escaso.

Básicamente abordaron dos reformas.

-Un proceso intensivo de  privatizaciones, sin una regulación que fomentase la competencia, haciendo que la esencia de la transformación empresarial de aquel gobierno fuese privatizar, sin liberalizar.

- Y una apuesta por el crecimiento expansivo del sector inmobiliario a través de la reforma de la ley del suelo de 1998, que alimentó el principio de todo urbanizable.

Ésta fue la auténtica reforma estructural de la economía que nos dejaron. Una reforma que transformó la estructura económica de nuestro país.

De 1996 a 2006, el peso de la construcción en nuestro Producto Interior Bruto se incrementó en 3,2 puntos, pasando del 6,4% al 9,6%, mientras la industria redujo su peso en esos años, 2,5 puntos. Pasando del 16,7% al 14,2%.

Es decir, la gran reforma estructural del PP ha sido y sigue siendo cambiar industria por inmobiliario, en nuestro sistema productivo.

Y el crecimiento expansivo del inmobiliario ha sido el rasgo diferenciador de nuestra crisis.

Casi dos millones de trabajadores han perdido su empleo por el pinchazo de la construcción.

Los problemas de que no fluya el crédito a la actividad productiva también tiene ese origen. Tenemos el ejemplo, entre otros, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, donde más de la mitad del crédito inmobiliario es moroso.

Nuestro endeudamiento privado, el de empresas y hogares también se ha debido principalmente al boom de la construcción.

El 75% del incremento de los ingresos fiscales entre 1995 y 2006 era de naturaleza transitoria y vinculada al sector inmobiliario.

Es decir, nuestro déficit público no se debe mayoritariamente ni a las políticas de estímulo ni al Plan E, ni tan siquiera al pago de prestaciones por desempleo.

Nuestro déficit se debe a que se han derrumbado los ingresos fiscales provenientes del ladrillo. Ingresos coyunturales, que se confundieron con ingresos estructurales.

Por tanto, nuestras zonas de debilidad; desempleo, carestía de crédito, endeudamiento privado y público tienen su origen principal en la burbuja inmobiliaria.

De hecho, si descontásemos sus efectos, nuestro crecimiento económico y el empleo estarían en la media de los países de la zona euro.

Porque mientras en el segundo trimestre el valor añadido de la industria se incrementó un 3,2% interanual y el valor añadido de los servicios en un 1,2%, el de la construcción se redujo en un 4,1%, restando así crecimiento a nuestra economía.

De hecho, en 2010, el ajuste del sector de la construcción por sí solo drenó 1,6 puntos porcentuales de crecimiento económico.

Es necesario un sector de la construcción fuerte, competitivo y de valor añadido, pero no podemos volver a los excesos del pasado.

Para saber cómo recuperarnos, tenemos que saber cuáles son las grandes causas de nuestro problema.

Y quiero señalar que esto no es una disculpa, es un diagnóstico. Nunca hemos utilizamos la excusa de la herencia y nunca la vamos a utilizar. El poder no es algo que se hereda.

Sino una responsabilidad y un honor que tiene su origen y su destino en la confianza de los ciudadanos.

A lo largo de este tiempo, he conocido a muchos empresarios que han empezado desde la nada.

Cualquiera de ellos puede contar que quien tiene muchas excusas anda tan falto de ideas como de iniciativa.

Nunca he visto a ningún emprendedor estar más pendiente de lo que espera recibir que de lo que desea construir.

Si algo he podido comprobar es que a los líderes de cualquier ámbito social, político o económico se les distingue por sus actitudes.

Y, sobre todo, por su capacidad de afrontar cualquier situación con decisión, con determinación.  Por el valor de ver oportunidades donde todos los demás sólo ven dificultades.

Es cierto, no hicimos lo suficiente para pinchar la burbuja inmobiliaria cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, deberíamos haber hecho más. Aunque también es cierto que no hay un Gobierno en el mundo que se ponga a frenar una inercia económica de crecimiento del 3%, que genera superávit presupuestario y que lidera la creación de empleo. Pero asumimos el problema, no buscamos pretextos.

Y el gobierno que salga de las próximas elecciones debería hacer lo mismo.

El Presidente de la segunda década del siglo XXI deberá afrontar los retos que tenemos por delante, no buscar excusas para justificar la ausencia de resultados.

Y para hacerlo, debe ser capaz de identificar los problemas y ofrecer soluciones claras. Porque los desafíos que afrontamos son nuevos y exigentes.

Primero, hay que ser consciente del contexto global.

El próximo Presidente del Gobierno debe tener la suficiente capacidad de liderazgo para orientar acuerdos en el G-20 y en la Unión Europea, que ayuden a consolidar la recuperación global y por tanto la recuperación de España.

Europa necesita líderes, no burócratas que se limiten a intentar no meterse en charcos.

Los Estados por sí solos cada vez tienen menos margen de acción. Y solo compartiendo soberanía en el marco de la gobernanza económica común podrán las democracias de la Unión Europea reforzar su soberanía frente a los mercados. Compartir soberanía para ser más fuertes.

Esa es la idea de Europa que España tiene que defender.

Pero también necesitamos un Presidente que sea capaz de identificar los retos internos y definirse ante ellos.

Y, básicamente, tenemos dos grandes retos sobre los que hay que definirse: crecimiento económico y estado de bienestar.

Sobre el crecimiento económico, ya no valen lugares comunes, ni apelaciones a un pasado de milagro económico que ya sabemos en que derivó.

Lo primero que hay que tener claro es cuál va a ser nuestro patrón de crecimiento.

España necesita una economía que piense más en producir y menos en consumir, que piense más en exportar y menos en importar. Y para ello tenemos que incidir en elementos que marcan la diferencia en la competitividad de un país.

Por eso la educación es una política económica de primer orden. En nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo especial en la Formación Profesional.

Y hay que contar con las empresas para el diseño de programas y de nuevas cualificaciones para garantizar la transferencia de conocimiento.

También en el ámbito universitario hay un camino amplio para la mejora. Para que las Universidades sean capaces de competir y colaborar. Para que se persiga la excelencia.

Pero si hay algo que es especialmente determinante para cambiar el modelo productivo es, precisamente, la cultura del emprendimiento. Es vital aumentar la tasa de creación de empresas. Porque son las nuevas empresas las que más empleos nuevos generan y las que introducen mayor innovación en el sistema productivo.

Los empresarios no los crean los gobiernos. Pero los gobiernos podemos promover un entorno que facilite la creación de empresas. Y esto no se hace con rebajas al impuesto de beneficios, porque las dificultades para un emprendedor surgen mucho antes de que consigan tener beneficios.

Para facilitar la creación de empresas, ha de potenciarse el espíritu emprendedor desde todos los niveles educativos.

Además, tenemos que seguir avanzando en la reducción de las cargas administrativas, igualando las normas autonómicas para crear empresas, mejorar la financiación de las PYMES, así como apoyar la internacionalización de éstas.

España es uno de los mejores países de Europa para vivir, y tenemos que conseguir que sea también el mejor país para emprender.

El próximo presidente del Gobierno tiene que tener algo más que una agenda de la austeridad.  Tiene que tener una agenda del crecimiento.

Y esa agenda pasa por consolidar el cambio de modelo productivo, incentivar la creación de empresas y reforzar el binomio educación-empleo.

El próximo presidente también tiene que decir que Estado de Bienestar ambiciona y cómo piensa financiarlo.

Tiene que señalar el origen y el destino de los recursos públicos. Sin lugares comunes, sin vaguedades. Con precisión, con rigor y con honestidad.

Nuestro sistema fiscal funcionaba para una economía de burbuja, pero ahora, es necesario hacer cambios estructurales en nuestro sistema impositivo para mantener la estabilidad presupuestaria, sin dinamitar nuestro  Estado de bienestar.

La reforma fiscal tiene que perseguir al menos tres objetivos:

-              Tolerancia cero contra el fraude. Atacándolo, tanto por la vía del control y la inspección, como por la de la implicación ciudadana, instalando en la sociedad la conciencia del civismo fiscal.

-              Más estabilidad en la recaudación. Es decir, que los ingresos fiscales no caigan mucho más que la actividad económica.

-              Un sistema más justo. Y esa justicia no solo tiene que darse entre personas (ricos y pobres), sino también entre empresas (grandes y pequeñas).

Y esto no significa una subida de impuestos generalizada. Habrá que subir los impuestos a algunos y bajárselos a  otros.

Estamos hablando  por ejemplo de impuestos sobre la riqueza, impuesto a la banca, o incentivos fiscales a emprendedores.

Nuestro sistema fiscal determina nuestra ambición de país. Si queremos ser un país cohesionado y con unos servicios públicos que faciliten el desarrollo de proyectos vitales a la inmensa mayoría de la población. O si queremos, por el contrario, un país que cada vez achique más el espacio de la clase media.

Esto es lo que nos jugamos los próximos años.

Porque el contrato social que ha permitido la existencia de la clase media en Europa, es aquel que se basa en una política fiscal redistributiva y suficiente que garantiza servicios públicos a toda la población.

Y cuando se señala que la educación pública o la sanidad no son sostenibles, no estamos solo poniendo en riesgo la base de nuestra cohesión social, sino nuestro crecimiento económico del futuro.

¿De qué sirve recortar impuestos a las empresas, si esas empresas ya no podrán contratar a ciudadanos bien formados?

¿Qué eficiencia tiene un sistema sanitario, que solo es capaz de atender a quién lo puede pagar?

En economía no hay nada que garantice el éxito, pero algunas cosas garantizan el fracaso.

Y recortar en educación es precisamente una de ellas.

La crisis no puede ser un pretexto para renunciar a lo que ya hemos conseguido, tiene que ser un estímulo para reforzarlo y ampliarlo.

Hay dos caminos posibles sobre los que transitará Europa.

Hay una apuesta para replegar las velas del Estado de Bienestar, para reducir nuestra ambición en la lucha contra el cambio climático, en políticas de igualdad, de conciliación, en integración…

Hay un discurso-coartada que utiliza la crisis para retroceder en la máquina del tiempo de los avances sociales, económicos y medioambientales.

Y hay otra alternativa decidida a comprometerse con una política de austeridad inteligente, que evite que dos administraciones realicen, por ejemplo, el mismo servicio. Una alternativa que realice un mayor ajuste en todos aquellos ámbitos que no sean prioritarios para proseguir la modernización de nuestro país y mantenga los recursos necesarios para preservar y reforzar nuestra cohesión social.

Al tiempo que cuente, insisto, me parece relevante, con una agenda de crecimiento para impulsar la inversión productiva que complete el cambio de modelo crecimiento.

La mejor forma de avanzar es identificar en qué hemos fallado.

En España sabemos que nunca más podremos poner tantos recursos en un solo sector productivo.

Y la comunidad internacional no puede olvidar que fue la desregulación de los mercados financieros, la economía de casino, el origen de la crisis global más aguda desde el 29.

No podemos olvidar los acuerdos de la cumbre de Londres de marzo de 2009, donde entre otros puntos, se acordó luchar contra los paraísos fiscales.

Desde entonces han pasado casi dos años y no estamos mejor. Por tanto, no hay ninguna razón para que rebajemos nuestras ambiciones de cambio.

Porque si era disparatada la pretensión de que la política y el Estado gobernaran por completo la economía, también lo es la pretensión opuesta, que conduce a que los poderes económicos gobiernen la política y el Estado.

Hay que restablecer la pertinencia y la prevalencia del interés general. Y eso sólo es posible mediante los instrumentos políticos que nacen del sufragio universal.

La burbuja más dañina alimentada desde entonces no ha sido la financiera o la inmobiliaria, sino la de una ideología que predicaba, y sigue predicando, que los mercados se autorregulen y que la política es un estorbo.

Decía al principio de mi intervención que desde muy joven aprendí que la política era una actividad compleja.

Y me gustaría terminar contando las razones que me llevaron a sentir la vocación política.

La primera, y más elemental, fue un principio moral de búsqueda de la justicia.

Ser de origen humilde, cuando no te han regalado nada, sin duda ayuda a considerar la igualdad de oportunidades como un principio irrenunciable.

Pero, con el tiempo, ha habido un elemento que ha reforzado más mi compromiso con la política progresista. Más allá de las convicciones que podríamos entender como morales.

Aprendí que la evolución del mundo no es compatible con ser conservador y exige, en cambio, el impulso reformista.

Aprendí que la redistribución de oportunidades es la forma más eficiente para conseguir el crecimiento económico.

Aprendí que un país con ambición de crecer no puede desaprovechar su recurso más estratégico, su capital humano.

Aprendí, en definitiva, y esta es la lección que quiero compartir con ustedes, que la cohesión social ofrece siempre mejores rendimientos que la desigualdad.