Es más práctico analizar lo que verdaderamente sucedió. Y lo  que sucedió en ambas ocasiones fue precisamente lo inesperado: que un político nuevo alcanzó la victoria frente a otros mucho más conocidos y más experimentados que él. Y lo hizo porque el Partido Socialista del 2000 y la sociedad española de 2004 demandaban el cambio, sabían que se necesitaba y decidieron confiar en quien supo representarlo de forma más genuina.

Porque en estos diez años Zapatero ha demostrado ser, ante todo, un político de nuestro tiempo -que es, en esencia, un tiempo de cambios. Un reformista en las ideas y un reformador en la acción.

En su primer período como líder de la oposición encabezó la renovación del Partido Socialista y dio una nueva frescura a una organización que presentaba claros síntomas de esclerosis tras catorce años seguidos de ejercicio del poder. Además, puso en práctica un estilo nuevo y distinto en el ejercicio de la oposición.  Fueron aquellos extraños años en los que el gobierno destilaba crispación y malos modos y la oposición, diálogo y buen talante, hasta que los ciudadanos decidieron cambiar los papeles: los crispadores a la oposición y los del talante al poder.

La primera legislatura de Zapatero en el Gobierno fue la de la reforma política y social. En el plano político, el desarrollo de la idea de la España plural;  la recuperación de los medios de comunicación públicos como tales, y no como instrumentos de propaganda; una política exterior basada en la visión más actual de la cooperación como instrumento de progreso global, alianza de civilizaciones como garantía de seguridad compartida y acción concertada frente a los nuevos problemas del mundo como el cambio climático.   Y también, claro, la apuesta por un proceso de paz que ha resultado esencial para acelerar la pérdida de los apoyos sociales de ETA.

En el plano social, por encima de todos lo demás,  los avances decisivos en todo lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres; pero también la ampliación de los derechos civiles, la creación de un sistema de ayuda a las personas dependientes y el desarrollo de la política social más avanzada de Europa, aprovechando el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de los más débiles.

La segunda legislatura será la de la lucha contra la crisis, sí;  pero también la de las reformas económicas. Reformas exigidas por la crisis y que forman parte de la lucha por la recuperación, por supuesto; siempre ha sido así. Todas las grandes transformaciones económicas han ido asociadas a crisis del sistema anterior. Pero también reformas ligadas a los nuevos desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático, la inversión de la pirámide demográfica, la revolución tecnológica.

Esta segunda legislatura, desarrollada en circunstancias mucho más difíciles que la anterior, tiene que dejar, entre otras,  la reforma laboral, la de las pensiones, la reforma del sistema financiero, la energética, la de todos los elementos que determinan la competitividad en la nueva economía que nace de esta crisis.

Lo cierto es que en todas las circunstancias, en el poder y en la oposición, con el viento a favor o en contra, Zapatero siempre ha encontrado el mismo tipo de respuesta: impulsar los cambios y las reformas, avanzar en el sentido de los tiempos y no en el sentido opuesto,  salir a buscar el futuro para que el futuro no nos sorprenda. Con aciertos y con errores, claro. Pero sin perder jamás el sentido de la contemporaneidad que marca más que ningún otro rasgo su acción política (y que resalta especialmente, por cierto, en el contraste con el rancio aroma que desprende su principal opositor).

Por eso, tras seis años de gobierno y pese al desgaste de la crisis, Zapatero sigue representando los valores del cambio, las reformas y la modernidad en mucho mayor grado que cualquier otro dirigente político en nuestro país. El último debate del estado de la nación ha sido, de nuevo, una muestra de ello.

Lo que España necesita en este momento, en esta fase de la lucha contra la crisis,  está claro para todo el mundo, dentro y fuera de nuestro país. España necesita austeridad y reformas.

Austeridad para volver a equilibrar nuestras cuentas, que se desequilibraron seriamente por el esfuerzo que hubo que hacer para parar los primeros golpes de la crisis. Para recuperar la confianza y que el pago de nuestra deuda no se convierta en un lastre insoportable. Controlar hoy el gasto, también el gasto social, para poder seguir haciendo políticas sociales sin riesgo de una bancarrota que se lleve por delante lo que tanto nos ha costado conseguir.

Y reformas hoy para no tener que lamentarnos mañana de no haberlas hecho, como tantas veces ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Reforma laboral para que hacer un contrato fijo a un trabajador no sea una piedra colgada al cuello del empresario, sino al contrario, una relación ventajosa para ambas partes y favorecedora de la productividad y de la calidad del trabajo. Reforma del sistema financiero para darle estabilidad y evitar convulsiones dramáticas como las que ha generado esta crisis. Reforma energética para reducir la dependencia del petróleo y hacer más con menos: ser a la vez más productivos y más limpios. Y reforma del sistema de pensiones para proteger las pensiones. Para adaptarnos a un futuro en el que casi uno de cada tres ciudadanos será mayor de 60 años, tendrá aún una larga expectativa de vida y además estará en excelentes condiciones físicas y mentales. Reformas para producir más y mejor, para competir, para no volver a quedarnos atrás.

Austeridad y reformas son la fórmula para avanzar en esta fase de la lucha contra la crisis. Si todos estamos de acuerdo en ello, no debería ser difícil que todos remáramos en la misma dirección. Pero no es así, porque lo que España necesita no coincide con lo que algunos, singularmente el PP, creen necesitar. Y en ese dilema, pierde España.

Pero además, el debate nos deja una gran pregunta. Visto lo visto y oído lo que hemos oído, ¿para qué sirve, a día de hoy, Mariano Rajoy?

No sirve para ayudar a que la economía se recupere, puesto que ha decidido que su función en la vida no es hacer que España salga de la crisis, al menos mientras gobierne Zapatero. Al contrario, ha puesto todas sus esperanzas en que el viento de la crisis le conduzca a la tierra prometida del poder sin que él tenga que hacer nada por conseguirlo.

No sirve para tener políticas alternativas, porque ha decidido que las propuestas y las alternativas sólo sirven para comprometer al que las presenta, y nada más lejos de su intención que comprometerse en este momento con algo de lo que luego tuviera que responder.

No sirve para su partido, cuyas cabezas pensantes han decidido hace ya tiempo que tendrán que intentar ganar las elecciones a pesar de Mariano y no precisamente gracias a él. Es evidente que no será la arrolladora personalidad del líder, ni  el entusiasmo que suscita en la sociedad, ni la fuerza de sus propuestas políticas lo que proporcione la victoria al PP. Así lo han comprendido, y actúan en consecuencia.

“Mariano, tú no hagas nada. Ruedas de prensa sin preguntas. Discursos enlatados. Los temas conflictivos, ni tocarlos. Y, por supuesto, nada de propuestas, que las carga el diablo. Palo y tentetieso a Zapatero, esto lo arreglaba yo en un santiamén y ni un paso más. Y empieza a pedir elecciones ya, no vaya a ser que esto de la economía empiece a arreglarse…” Y él, tan feliz con el consejo, que es como un traje a la medida.

Dicen que para estar en condiciones de ganar unas elecciones, lo primero que tiene que hacer un dirigente es no pensar todo el tiempo en ellas.  Aunque si lo pensamos bien, el que la derecha española se obsesione con las elecciones no deja de ser un gran avance en términos históricos…

La socialdemocracia apostó por reforma frente a revolución. Y lo hizo porque adquirió la conciencia de que a través de la reforma del capitalismo se podían alinear los beneficios del mercado con la equidad y el progreso social. Desde entonces, esa visión, que posteriormente dio lugar a la economía social de mercado, ha aportado décadas de gran prosperidad a toda Europa y un amplio espacio para la consecución de grandes conquistas sociales.

Esta combinación de actitud crítica y reforma nos ha de acompañar siempre, porque siempre será necesaria para el progreso de las sociedades.

Y lo es porque la sociedad está en continuo proceso de transformación: el poder económico se desplaza a oriente, las nuevas tecnologías alteran las viejas estructuras empresariales, el desafío del cambio climático condiciona el uso de la energía y el envejecimiento de la población nos obliga a replantear el sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.

Y por si fuera poco, esta crisis tan profunda, tan compleja, tan cambiante, sin ser la causa de las reformas, sí que se ha convertido en un síntoma que ha puesto luz a la necesidad de corregir nuestros desequilibrios.

Una necesidad de cambio profundo que exige el espíritu reformista que ha demostrado el Partido Socialista desde el principio de nuestra democracia.

Porque fueron cambios profundos la implantación del Estado de bienestar, con la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones. O la incorporación a Europa y la reconversión industrial, que acometieron los Gobiernos de Felipe González.

Y también lo han sido, en el campo de los derechos de ciudadanía con más nitidez, pero también en el campo económico, las transformaciones llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Basta señalar reformas globales que atañen a la base del modelo de crecimiento como la Ley de Economía Sostenible, y sectoriales, como la reforma de la Ley del Suelo, la reestructuración del sistema financiero, en especial de nuestras cajas de ahorro, o como las que se están desarrollando referidas al sistema aeroportuario y portuario.

Esta agenda de cambio contrasta con lo que hicieron los Gobiernos presididos por Aznar. Aquellos Gobiernos básicamente se limitaron a rematar el proceso de consolidación fiscal que había iniciado el ministro Solbes en1993 y para ello acometieron un proceso de privatizaciones, sin una regulación que fomentase la competencia, haciendo que la esencia de la transformación empresarial de aquel Gobierno fuese privatizar, sin liberalizar.

Más allá de este proceso hay muy poco que añadir a sus reformas.

En realidad, el gran legado del Gobierno conservador fue implantar una ley del suelo que contribuyó a alimentar una burbuja inmobiliaria, a la que bautizaron como milagro económico; considerar unos ingresos fiscales coyunturales como estructurales y gestionar una coyuntura irrepetible, caracterizada por una generosa entrada de fondos europeos, bajos tipos de interés y abundante fuerza laboral inmigrante de bajo coste.

Esa fue la herencia recibida del Partido Popular: una economía de apariencia saludable, con cifras positivas de crecimiento, pero que había agudizado hasta el extremo sus desequilibrios y debilidades estructurales.

Cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al poder trató de corregir este legado económico con una intensa apuesta por capitalizar nuestra economía, triplicando la inversión pública en Investigación y Desarrollo y duplicando el gasto en educación y en modernizar nuestras infraestructuras de transporte.

Además de las políticas de inversión, se abordaron cambios regulatorios esenciales, como la reforma del sistema de defensa de la competencia, o la liberalización en el sector servicios que estamos llevando a cabo.

Y ahora es el momento de emplear toda esta capacidad reformista para resolver los grandes desequilibrios estructurales de nuestra economía.

Y se debe hacer desde el conocimiento de nuestra realidad, sin falsas ideas preconcebidas. Porque cuando hablamos de nuestro problema de deuda debemos de saber que no es tanto su tamaño, que por cierto es en dos tercios privada, como su naturaleza.

Esta realidad la cuantifica acertadamente un reciente informe de la Comisión Europea que señala que el 75% del incremento de los ingresos fiscales entre 1995 y 2006 era de naturaleza transitoria y claramente vinculado a un insostenible boom del mercado inmobiliario.

Y es en este apartado donde se debe hacer un necesario ejercicio de autocrítica. Porque pese a haber sido el único Gobierno de la democracia que ha conseguido tres superávits presupuestarios, no se evaluó adecuadamente hasta qué punto nuestra economía estaba viviendo por encima de sus posibilidades.

La economía española se alimentó de una gran cantidad de crédito exterior que sirvió para inflar una burbuja inmobiliaria, que a su vez generaba abundantes ingresos para las arcas públicas de marcado carácter coyuntural.

Por tanto, debemos situar en el pinchazo de burbuja inmobiliaria la explicación a la mayor parte de nuestro déficit presente, y no en las políticas de estímulo del Gobierno.

Un déficit con un importante peso estructural que nos obliga a encontrar un nuevo equilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas.

Equilibrio que afrontaremos desde principios socialdemócratas, conscientes de que la mayor traición que podríamos a hacer al modelo social de mercado es dejarlo inalterado y esperar a que se hunda por su propio peso.

Sabemos que precisamente uno de los mayores éxitos de nuestro Estado de bienestar ha sido el aumento de la esperanza de vida. Y sabemos también que sobre ese éxito se esconde uno de sus mayores desafíos: la sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema sanitario.

Por eso no podemos ignorar el reto demográfico y es necesario abordar la reforma de nuestro sistema de pensiones contando con el consenso de los grupos políticos, al igual que se acordó con todas las Comunidades Autónomas un pacto para promover la sostenibilidad del sistema nacional de sanidad.

Pero todo intento de reforzar nuestro Estado de bienestar sería inútil si no se abordan las reformas necesarias para incrementar la competitividad de la economía. Reformas centrales como la del mercado de trabajo, sobre la que los grupos políticos tienen la oportunidad de señalar sus aportaciones en el trámite parlamentario, y reformas para acelerar la necesaria reestructuración de nuestro sistema financiero o la estrategia energética en los próximos 25 años.

Reformas que faciliten la vocación emprendedora, que premien el trabajo bien hecho, que fomenten la competencia. Reformas para que nuestro sistema de protección social sea sostenible y lograr un equilibrio más justo y eficiente entre la red de protección global, los servicios públicos y los incentivos individuales.

Este es el camino que se debe seguir, porque no nos consolamos con la explicación maniquea de que los mercados se imponen a los Estados. Pretender que lo que funcionó en el pasado pueda ser solución en el futuro, ignorando los cambios que operan en el mundo, solo puede conducir a la melancolía y la resignación.

La mejor forma de ganar la batalla a la injusticia social, al desempleo, al deterioro del medio ambiente, es acelerar el ritmo de las reformas.

Porque un progresista deja de serlo cuando deja de cuestionar sus propios dogmas, cuando abandona su voluntad reformista de la sociedad y cuando se limita solamente a defender las conquistas del pasado.

De alguna manera España ya ha ganado varios mundiales. Mundiales que ganamos, pero que como aquel gol de Michel contra Brasil en México 86, no subieron al marcador.

Porque a pesar de las sucesivas eliminaciones, los españoles siempre llegábamos a la misma conclusión: éramos los mejores y nuestra eliminación, una injusticia.

Injusticia que llegaba en forma de codazo a Luis Enrique, de árbitro egipcio en Corea o en definitiva, como consecuencia de jugar como nunca para perder como siempre.

Así, fuimos poco a poco construyendo una épica de la eliminación. Una épica que nos protegía hasta el siguiente campeonato cuando volvíamos a partir entre los favoritos y que íbamos aderezando con otros factores, como el tener la mejor liga con los fichajes más caros.

Sin embargo, caíamos otra vez. Nos ganaban equipos que no tenían los mejores jugadores o jugadores que no jugaban como el mejor equipo.

Entonces llegaron ellos. Jugadores cuya mayor ambición era salir al campo a pasárselo bien. Luego el fútbol hizo el resto.

Villa, Torres, Casillas, Xavi y compañía nos recordaron que somos más el gol de Señor que el fallo de Cardeñosa. Nos desprendieron de la losa de los cuartos y matizaron la frase de Lineker: el fútbol son once contra once y no siempre gana Alemania, también puede ganar España.

La furia no sólo juega bien, ahora también sabe ganar los partidos importantes.

Se lo demostramos a Europa y ahora vamos a enseñárselo al mundo. Este mundial subirá al marcador.

Ánimo campeones.

Todos éramos conscientes de que en esta sentencia no sólo estaba en juego el autogobierno de Cataluña dentro de España, sino el desarrollo completo del Estado de las Autonomías. Lo sabía el Tribunal Constitucional, lo sabían los gobernantes de las comunidades autónomas que han tomado el Estatuto de Cataluña como referencia para la reforma de sus propios estatutos, lo sabían las fuerzas políticas que apoyaron el Estatuto… y lo sabía perfectamente el PP. Precisamente por eso y para eso presentó el recurso.

El objetivo de la desaforada campaña del PP contra el Estatuto no era tan sólo impedir su aprobación, sino provocar un frenazo en el desarrollo del Estado autonómico, dando por fin satisfacción a una vieja aspiración de la derecha española desde el día en que Fraga negó su apoyo a la Constitución precisamente por su disconformidad con el Título VIII, que prefiguraba una estructura descentralizada del Estado con un aspecto claramente federal.

En la pasada legislatura, el PP quiso cabalgar sobre un caballo indómito y peligroso: la reactivación del nacionalismo español excluyente y separador, que está en el origen de muchas de las desgracias históricas de España. No vacilaron en estimular una auténtica paranoia anticatalana: baste recordar  que mientras los responsables políticos del PP y sus apoyos mediáticos arremetían contra el Estatuto al grito de ¡España se rompe! (es decir, contribuían a romperla), desde sus terminales sociales se alentaban campañas de boicot contra los productos catalanes y se convertía todo lo catalán en sospechoso.

Boicotearon el Estatuto desde el primer momento: se negaron a participar en su elaboración, denunciaron la aprobación del proyecto en el Parlamento de Cataluña, obstruyeron el debate en el Parlamento de España, pidieron el voto negativo en el referéndum y recurrieron más de 100 artículos ante el Tribunal Constitucional. Organizaron campañas de recogida de firmas y llegaron a exigir cosas ilegales, como un referéndum en toda España sobre el Estatuto de una comunidad autónoma.

Pero como decía antes, no hay mal que por bien no venga. Durante estos cuatro años, el Estatuto se ha aplicado y ha comenzado a desarrollarse. Y todo el mundo ha podido comprobar que el Estado español no se ha desmoronado, que España sigue en su sitio, que la convivencia entre los españoles goza de buena salud y que las catástrofes anunciadas por los predicadores de la catástrofe brillan por su ausencia.

Juzguemos las cosas por sus resultados. El PP no pretendía mejorar o corregir el Estatuto de Cataluña: pretendía derribarlo. Y después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estatuto está en pie. Puede seguir aplicándose y desarrollándose, ahora ya sin la hipoteca de un recurso pendiente. Y, además, hoy sabemos que el desarrollo autonómico que ha impulsado el Gobierno de Zapatero, y del que este Estatuto es referente, es perfectamente compatible y respetuoso con la Constitución Española

Desde el punto de vista jurídico y político, el autogobierno de Cataluña ha salido reforzado de este episodio. Como ha salido reforzada la Constitución y la convivencia.

Esto lo saben mejor que nadie los catalanes, aunque algunos se sientan obligados a sobreactuar un agravio que, en todo caso, no ha cometido el Gobierno de España –que siempre ha apoyado el Estatuto- ni el Tribunal Constitucional –que lo ha convalidado casi por completo-, sino quienes lo han combatido por tierra, mar y aire, aunque en estos días el señor Rajoy trate –también en este tema- de confundirse con el paisaje, haciendo como si la cosa no fuera con él.

Cuando cesen los aspavientos de rigor y se despeje el polvo de la refriega por ocupar la posición, se verá con más claridad que bien está lo que bien acaba. Y esta historia, digan lo que digan, ha acabado razonablemente bien.

Si se aplicara a las resoluciones del G-20 la misma vara de medir que se aplica por estos pagos al Gobierno de Zapatero, hoy lloverían los adjetivos simplificadores y descalificatorios: incoherente, improvisador, desnortado, contradictorio, carente de principios…. (eso sólo por recoger algunos de los más suaves).

Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que desde la primera reunión de Washington el G-20 está demostrando una notable capacidad para interpretar adecuadamente la coyuntura, señalar el tipo de políticas más adecuado para cada momento, orientar la actuación de los principales gobiernos del mundo y crear un marco útil para la concertación de sus actuaciones.

Las declaraciones del G-20 en sus sucesivas cumbres distan de ser los vacuos textos diplomáticos a que estamos acostumbrados en reuniones multilaterales de este tipo. Al contrario, son textos llenos de contenido y de reflexiones de alcance, de lectura obligada para quien quiera conocer la evolución de esta caleidoscópica e impredecible crisis –y también la evolución de las respuestas con las que el mundo se ha ido enfrentando a ella.

De una vez por todas, tenemos que ser capaces de admitir que ésta es una crisis completamente distinta a cualquiera de las anteriores, que cambia de rostro constantemente, que su comportamiento no responde a ninguno de los patrones conocidos, que su capacidad de sorprender y de generar de un día para otro situaciones de emergencia no previstas por nadie es extraordinaria.

Y eso ocurre porque ésta no es una crisis de ciclo económico, sino de sistema económico. De ella nacerá un nuevo orden económico y financiero mundial. Y ya sabemos que va a ser –está siendo- un parto con dolor.

Sí, donde ayer eran imprescindibles las políticas de estímulo desde el sector público para compensar la paralización del sector privado hoy es prioritaria la reducción del déficit. Donde ayer se necesitaba ante todo gasto público e inversión, hoy se necesita ante todo austeridad y recortes del gasto. ¿Y mañana? Pues mañana, sencillamente, no lo sabemos. Si somos honestos, ésta es la única respuesta.

Tenemos que ser intelectualmente humildes y admitir que estamos gobernando al día. Que tenemos que estar preparados para interpretar la situación en cada momento y encontrar la respuesta que cada momento exige. Esto es lo que hace el G-20 y lo que hacen los principales gobiernos del mundo, entre ellos el de España.

Pero dentro de toda esta incertidumbre, hay algunas cosas que sabemos con toda certeza:

Una, que nadie tiene la receta para sacarnos de ésta. Y hay que salir corriendo de quien diga que la tiene, porque o es un embustero, o no se ha enterado de nada, o ambas cosas a la vez.

Dos, que no hay soluciones universales y para siempre. Si fuera realidad la última ocurrencia oportunista de Rajoy y el techo de déficit estuviera en la Constitución, hubiera sido imposible poner en marcha las políticas de estímulo que nos han permitido hacer frente a la primera fase de la crisis. Y si todos los países del mundo hubieran seguido la sabias orientaciones de nuestro ínclito registrador de la propiedad y se hubieran atado las manos petrificando constitucionalmente lo que no es sino un instrumento de política económica, el sistema financiero mundial se hubiera desplomado con estrépito en el otoño de 2008  ante la impotencia de los gobiernos.

Tres, que a los desafíos del futuro no se responde con las políticas del pasado. Que si por casualidad escuchan ustedes a un dirigente político con pretensiones presidenciales sostener que esta crisis se resuelve recuperando la política económica de 1996, la cosa está clara: o miente, o no se ha enterado de nada, o las dos cosas a la vez. Porque en términos de transformación económica, combatir esta crisis con las políticas de 1996 es como hacer la guerra con lanza.

Ya está bien de chascarrillos de casino provinciano: “Si me dejaran, esto lo arreglaba yo en un pis pás.” A estas alturas de la película, estamos esperando que Rajoy haga o diga algo útil para la lucha contra la crisis o para la recuperación económica. Útil para el país, se entiende.

Las 24 horas transcurridas entre el miércoles y el jueves de la semana pasada son algo más que 1.440 minutos objetivos: suponen un salto decisivo para España y para Europa por la trascendencia de las decisiones adoptadas a lo largo de ese día.

El acuerdo para establecer sanciones a quienes incumplan el Pacto de Estabilidad y criterios comunes para la elaboración de los presupuestos de los estados miembros supone un paso histórico para sentar las bases de un gobierno económico de la Unión Europea. Por si fuera poco, en el mismo Consejo Europeo se decidió impulsar una tasa a la banca para que el dinero público no tenga que salir al rescate de las entidades financieras en caso de futuras crisis, así como proponer al G-20 la imposición de una tasa a las transacciones financieras.

Un día antes, el Gobierno de España aprobaba el decreto ley de reforma laboral, que sienta las bases para adaptar nuestro mercado de trabajo a las necesidades de una economía más competitiva y productiva. Se trata de una reforma vital para adecuar nuestro mercado laboral a las exigencias de una economía muy diferente a aquella en la que se fijaron las líneas maestras que hasta ahora han definido las relaciones laborales en nuestro país. Se impone dar un paso hacia adelante: sustituir la rigidez por la flexibilidad; apostar por la productividad y la formación continua; acabar con la dualidad y primar la estabilidad y la calidad en el empleo, el verdadero talón de Aquiles de nuestra economía.

Ambas medidas tienen un protagonista común: José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido el presidente del Gobierno quien, desde la responsabilidad y el liderazgo, ha dado el impulso necesario para que las instituciones europeas recobren el pulso y que el mercado laboral español supere la parálisis.

Porque ante las crisis hay quienes encaran los desafíos y proyectan el futuro y quienes optan por ponerse de perfil y permanecen anclados al pasado. Zapatero está entre los primeros. ¿Les encaja alguien entre los segundos?

El hecho de que aquel primer parlamentario socialista fuera precisamente el fundador de nuestro partido y de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, añade aún más simbolismo y significado histórico a la fecha.

Siempre he subrayado que, a mi juicio, el rasgo más acusado del siglo XX y lo que llevamos del XXI es la extraordinaria aceleración del tiempo histórico en relación a cualquier otra época.

Una buena muestra de ello es la comparación entre la España en la que Pablo Iglesias llegó al Parlamento y la España de hoy, sólo diez décadas más tarde. Desde cualquier óptica que se haga la comparación, la conclusión es que se trata, inapelablemente, de un país radicalmente distinto.

La España que eligió diputado a Pablo Iglesias tendría dificultades para reconocerse en la España que hoy representamos. Y no está de más recordar esto en momentos de dificultad como los que vivimos. Porque cualquier español de cualquier generación anterior estaría satisfecho de hacer frente a problemas como los que hoy nos preocupan partiendo del nivel de progreso, libertad y bienestar que hemos alcanzado.

Hoy está de moda abominar de muchas de las instituciones de la democracia, como el parlamento y los partidos políticos. Pero la experiencia, y singularmente la experiencia española, ha demostrado de forma cruel que hay algo mucho peor que los parlamentos y los partidos: la ausencia de ellos.

En estos días, celebramos que hace cien años llegamos los socialistas al Parlamento. Pero por desgracia, no podemos celebrar cien años en el Parlamento. Porque entre aquel día de 1910 en que Pablo Iglesias ocupó su escaño y la actualidad hay negros y prolongados paréntesis de falta de libertad.

Los socialistas de hoy tenemos que asumir grandes responsabilidades, las que los ciudadanos nos han confiado, y hacer frente a grandes problemas, los que nos presenta la realidad de nuestro tiempo. Pero tenemos ante todo el compromiso y la determinación de que nunca más se abra uno de esos paréntesis.

Pablo Iglesias entró en el Parlamento hace cien años para defender la libertad, la igualdad y la solidaridad. A nosotros se nos pide que defendamos los mismos valores en un mundo bien distinto de aquel.  Pero para gobernar el presente y afrontar el futuro no es pequeña ventaja el hecho de disponer de un pasado y poder sentirnos orgullosos de él.

-¿Ir en contra de los funcionarios y los pensionistas era la única manera de acotar el déficit?

-A nadie le gusta tomar decisiones que afectan a las personas que han dado mucho a lo largo de su vida para poder tener una pensión que, gracias a la acción de este gobierno, es más digna; y es duro decirle a servidores públicos, como son los funcionarios, que tienen que apretarse en cinturón.  Pero era imprescindible hacerlo en un momento en que tiene que haber un sacrificio colectivo y quienes tienen asegurado su trabajo pueden contribuir en mejor medida que aquellos que están en situación de desempleo.  También muchas empresas han ajustado sus plantillas, y han rebajado salarios. A nadie le gusta tomar estas medidas. Nos ha costado tomarlas, las hemos retrasado lo máximo posible, pero teníamos que hacerlo por responsabilidad.

-Y obligados por Merkel, Obama y Sarkozy. ¿Nos han impuesto el ajuste desde fuera?

-Cada país está librando una batalla específica con su economía, pero la respuesta para salvar al euro es común en toda Europa. Por lo tanto, claro que hubo una imposición a todos los países de la UE de reducción drástica de su déficit, la hubo y lo que sorprende es que haya algunos partidos políticos que se estén situando al margen de Europa.

-¿Se refiere al PP?

-Sí, su actuación nos recuerda lo que ha ocurrido en otro momento de la Historia, donde los socialistas también tuvimos que tomar una decisión dura porque significaba matizar nuestra posición histórica, pero imprescindible para España, que fue la entrada de nuestro país en la OTAN.  El comportamiento de la derecha es ahora el mismo: negar con su voto la evidencia y el camino que está recorriendo la mayor parte de los países de la UE. El PP tiene muy complicado justificar en Europa su actitud, y Rajoy tendrá que dar muchas explicaciones para recomponer su imagen y para tener algo de credibilidad  ante Europa.

-Pues muchos creen que Zapatero y el PSOE han liquidado su proyecto político y se han atrevido a hacer cosas que ni la derecha haría…

-El PSOE actúa por responsabilidad, y nuestro proyecto político sigue absolutamente intacto porque tenemos en el haber que hemos construido una política social y de derechos que va a quedar para siempre. Por ejemplo, hay una ley de la Dependencia que no tiene vuelta atrás. Se podrá modular el grado de desarrollo de la misma, pero es irreversible. El gasto social en España es el mayor de su Historia.

-Si las cosas mejoraran a medio plazo, ¿darían marcha atrás en la congelación de las pensiones?

-Nosotros hemos adquirido un compromiso y lo vamos a mantener. Los pensionistas en esta legislatura, que va a durar cuatro años, no van a perder poder adquisitivo, porque en este año 2010 las pensiones subieron por encima de lo que subió el IPC y eso se va a compensar con la congelación del próximo año. Y, además, los que cobran la pensión mínima, más de 3.500.000 personas, van a ver incrementada su prestación. Ambas medidas son imprescindibles para recuperar la economía y, en ese sentido, son irreversibles.

-Sin embargo, muchos creen que el Gobierno va de bandazo en bandazo, como el anuncio de impedir que los ayuntamientos pidan nuevos créditos hasta 2012, que se rectificó en 24 horas y Elena Salgado mintió escandalosamente…

-Probablemente teníamos que haber dialogado con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) antes de tomar una decisión definitiva. Ahí es donde está el error y yo admito que lo hubo, pero creo que luego se ha hecho una explicación honesta de lo ocurrido.

-Rectificar es de sabios, pero la mentira en política se debería pagar con la dimisión, y la vicepresidenta Salgado ahí sigue. ¿Eso es normal?

-Elena Salgado está haciendo una contribución extraordinaria a los objetivos de la política Económica no solamente en España, sino en Europa, y tiene todo el respaldo del Ejecutivo. Probablemente, algunos matices que contempla ese Decreto, que es muy farragoso, incluso escapen al control de la propia vicepresidenta, pero no es el momento de dimisiones ni de elecciones. Es el momento de la responsabilidad y del compromiso con el país, cosa que se echa en falta en quienes nos quieren dar lecciones de patriotismo.

-Vamos, que también el PP es culpable, aunque no gobierne…

-Por supuesto. Porque ¿cuáles habrían sido las consecuencias si el decreto no hubiera sido aprobado? Pues… serían catastróficas… No se puede estar pidiendo un plan de austeridad y luego, cuando llega, desdecirse de todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora. La actitud del PP es vergonzosa e irresponsable.

-Tal vez, lo que podía hacer Rajoy es presentar una moción de censura, aun  a riesgo de perderla, ¿no?

-Bueno, la moción de censura desde luego sería muy clarificadora  porque el PP tendría que explicar su programa, cómo reduce el déficit y dónde  ajusta, cosa que no ha hecho. Que el PP presentara una moción de censura sería muy ilustrativo y muy pedagógico para el país.

-Otra opción es que se convoquen elecciones anticipadas, como han pedido casi todos los grupos políticos. ¿Usted lo descarta?

-Sí, lo descarto. Celebrar ahora unas elecciones anticipadas sería un desastre para la economía que pesaría durante mucho tiempo sobre nuestro país. El Gobierno no contempla en absoluto adelantar las elecciones.

-¿Usted puede ser el sustituto de Zapatero, el cartel electoral del PSOE ante la desconfianza creciente que genera su actual líder?

-El sustituto de Rodríguez Zapatero lo van a decidir los ciudadanos. Zapatero será candidato y las elecciones se celebrarán cuando tocan.  Es verdad que hay una desconfianza hacia el Gobierno mayor que hace dos años, pero si la hay hacia el Gobierno, mayor todavía es la desconfianza hacia la oposición.

-En resumen, que usted no aspira a ser presidente del Gobierno.

-No, no aspiro a ser presidente del Gobierno. Mi ambición política se ha colmado hace mucho tiempo y formo parte de un equipo que tiene el mejor entrenador. Cuando tomo una decisión, o hago un planteamiento político, la tomo en sintonía con quien me ha designado ministro. Algunos tratan de introducir matices o diferencias entre Zapatero y yo, pero éstas no existen. No tenemos ninguna discrepancia.

-¿Y tampoco está preparando, en su condición de número dos del PSOE, el postzapaterismo? Porque en sus propias filas muchos dan por amortizado al líder…

-Nosotros no estamos pensando en las elecciones, sino en cómo salimos de ésta, que es muy gorda. Para las elecciones quedan dos años y nosotros lo podremos hacer mejor o peor, pero en este momento nuestra única tarea es sacar al país de esta situación. Ni yo ni nadie estamos preparando el postzapaterismo, como usted dice.  El partido está unido como una piña.

-Sin embargo, no estaría de más, mientras tanto, que el presidente redujera el número de ministros, siguiendo el ejemplo que ha dado Barreda…

-Yo no voy a opinar de la organización que ha hecho mi amigo Barreda. En todo caso, los mismos grupos políticos que le piden a Rodríguez Zapatero que reduzca el Gobierno luego le piden que convoque elecciones. ¡A ver si nos aclaramos! Los mismos que piden que el Gobierno se reduzca sostienen gobiernos autonómicos que cobran más salarios que los ministros y tienen una estructura mucho más amplia que la del Gobierno de España. El PP usa siempre la ley del embudo, lo ancho para unos y lo estrecho para otros. Es necesario abandonar la demagogia y, desde luego, la reducción del déficit no se hace suprimiendo dos, tres o cuatro ministros. No digo que no haya que plantearse una reforma en profundidad de la Administración, y probablemente tengamos que ver competencias que se solapan o si existen duplicidades. Ese sería un debate positivo

-En resumen, que ni crisis de gobierno ni una vicepresidencia única encabezada por usted, como dicen por ahí…

-No veo al presidente pensando en una crisis de gobierno, y hablar de mí como vicepresidente único es una especulación sin fundamento…. Me gustaría que ese debate se aparcara, porque es irrelevante.

-Y, por si fuera poco, la fracasada reforma laboral. ¿El Gobierno está dispuesto a hacerla por decreto si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios?

-La mejor reforma laboral es aquella que sale del diálogo y del consenso entre agentes sociales y económicos, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se pueda llegar a acuerdos. Pero si no fuera así, el Gobierno tendrá que tomar una decisión, y haremos nosotros la reforma laboral por responsabilidad.

-¿Abaratarán el despido?

-El Gobierno no está hablando de abaratar los costes del despido, sino de compartir estos costes sin que nunca supongan un perjuicio para los trabajadores.

-Vamos, que no le temblará el pulso, aunque les convoquen una huelga general, ¿no?

-Ningún Gobierno desea una huelga general, y nosotros tampoco, pero el Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar y la va a ejercer. Vamos a impulsar las reformas imprescindibles para crear empleo y, si la respuesta en una huelga general, pues asumiremos su coste.

-¿Habría que replantearse seriamente el sistema autonómico para evitar el derroche y todos los excesos que se están produciendo?

-Nosotros no tenemos ninguna intención de revisar el modelo autonómico que tan buenos resultados le ha dado a España. Lo que probablemente habrá que hacer es ajustarlo para evitar duplicidades y gastos innecesarios, y para comprometernos todos en la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit. Ese es un objetivo que se han impuesto todos los gobiernos europeos y las administraciones autonómicas no pueden ser ajenas a ellos.

-Según las encuestas publicadas por EL MUNDO, el PP tendría mayoría absoluta, incluso ganaría en cinco autonomías. ¿Las suyas dicen lo mismo?

-Nuestras encuestas dicen que, si hoy se celebraran elecciones, el PP tendría alguna ventaja, pero soy un descreído de los sondeos que se realizan fuera de tiempo electoral. Cuando llegue el momento, los ciudadanos no sólo van a juzgar la labor del Gobierno; también van a juzgar a la oposición. El Gobierno está asumiendo los costes de tomar medidas difíciles, pero la oposición, con su actitud antipatriótica, en vez de evitar una crisis mayor la está acentuando, y eso les pasará factura.

-Dado que usted es amigo del presidente del Gobierno, ¿cuál es su estado anímico? Porque hay quien dice que está noqueado y muerto políticamente…

-Yo le veo en su momento de mayor madurez política y de responsabilidad. No está bajo de moral, aunque humanamente esté preocupado porque ha tenido que tomar medidas difíciles que nunca pensó que tendría que adoptar. Este muerto está muy vivo;  goza de buena salud, créame.

El Gobierno ha decidido también bajar las retribuciones de los funcionarios. Lo ha hecho el mismo Gobierno que nada más llegar descongeló esas retribuciones y durante seis años las ha hecho subir de forma constante, dando lugar al mayor aumento que se ha conocido de la capacidad adquisitiva de los funcionarios.

El Gobierno ha decidido ralentizar algún aspecto de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Esa Ley que presentó y aprobó este mismo Gobierno, la Ley que por primera vez en la historia ha reconocido los problemas de las personas dependientes y de sus familias y ha creado un sistema para su protección.

Hemos decidido  suspender  la ayuda de 2500 euros por hijo. Una ayuda creada por este mismo Gobierno cuando lo permitían las muy favorables circunstancias económicas de España, con un fuerte crecimiento económico y superávit presupuestario durante varios años.

Hemos tenido que frenar algunas inversiones en infraestructuras después de haber conseguido una impresionante transformación de España en su dotación de autopistas, autovías, aeropuertos punteros y ferrocarril de alta velocidad. Después de haber convertido el símbolo del atraso de España durante el siglo pasado en el mayor símbolo de su progreso en la actualidad.

¿Es doloroso haber tenido que tomar estas decisiones en este momento? Lo es, y mucho. Pero más doloroso hubiera sido no haber tenido la oportunidad en estos años de mejorar extraordinariamente las pensiones, de aumentar las retribuciones de los funcionarios, de aprobar y poner en marcha la Ley de Dependencia, de ayudar a las familias o de llevar a cabo el más ambicioso programa de infraestructuras que ha conocido la historia de España.

Más doloroso sería eludir la responsabilidad que corresponde a cualquier Gobierno por el hecho de serlo, y no tomar las decisiones que sabemos que son necesarias hoy precisamente para que el mañana venga cuanto antes.

Lo que hizo Zapatero el miércoles en el Congreso es lo que hubiera hecho cualquier gobernante responsable en las mismas circunstancias. Se llama, simplemente, cumplir con su deber. Y el hecho de que los ataques más furibundos por estas medidas provengan de los mismos que hace una semana nos atacaban de forma igualmente furiosa por no tomarlas provoca, es verdad, cierta melancolía, pero no sorpresa. Porque lo esencial en ellos, lo que les caracteriza por encima de cualquier otro rasgo, es precisamente la furia.