Soy católico. Como tal, estoy dispuesto a creer que el aborto es un pecado.

Pero antes soy ciudadano y demócrata. Y como tal, no estoy dispuesto a creer ni a admitir que el aborto tenga que ser un delito.

Como creyente, se me puede exigir que mi vida personal responda a los criterios morales derivados de mi fe. Pero como representante de los ciudadanos no se me puede exigir que pretenda imponer esos criterios por ley a toda la sociedad. Más bien se me tiene que exigir lo contrario: que defienda el derecho de todas las personas a vivir de acuerdo con sus propios valores, religiosos o de cualquier otro tipo.

La confusión entre pecado y delito, la idea obsoleta de que el Estado debe actuar como  brazo ejecutor de la doctrina de la Iglesia, la injusta pretensión de obligar a todos a vivir según las creencias de algunos, la nunca abandonada aspiración de hegemonizar moralmente a la sociedad a través de las leyes, es la causa principal de que muchos sigan viendo hoy a la Iglesia Católica como un instrumento de opresión.

Y además, ha quedado lejos en la historia. Cuando Azaña pronunció su famosa frase: España ha dejado de ser católica, no quería decir que los españoles hubieran perdido la fe, sino que la religión había regresado al ámbito del que nunca debió salir, el de las convicciones íntimas y privadas, y que en el Estado moderno no hay ninguna posibilidad de aceptar que una doctrina religiosa dicte las leyes que afectan a todos.

Casi todos los delitos son pecado (aunque hay que ver la indulgencia con la que la Iglesia ha contemplado secularmente algunos de ellos); pero lo que es pecado no tiene por qué ser delito. Llevar el catecismo al Código Penal es inasumible por una sociedad civilizada. La mujer que decida libremente interrumpir su embarazo puede ser que vaya al infierno; pero de ninguna manera tiene que ir a la cárcel.

No hay ninguna amenaza eclesiástica que pueda inducirme, como miembro del Parlamento,  a promover una legislación que convierta en delincuentes a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad. Y la obligación del legislador democrático, cualesquiera que sean sus convicciones íntimas, es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones  de libertad y de seguridad.

Pero como católico lo que más me irrita no es la deriva autoritaria de quienes pretenden que sus creencias sean ley. Lo que más me irrita es la hipocresía episcopal.

Porque si el aborto es un crimen que tiene que ser perseguido, lo será de igual manera con la ley que está en vigor desde hace más de veinte años que con la que ahora propone el Gobierno. Se trataría del mismo crimen cuando gobernaba el PP y se practicaban en España más de medio millón de abortos legales que cuando gobierna Zapatero. Habrá que denigrar y excomulgar no sólo a los socialistas españoles, sino a los conservadores de todos los gobiernos europeos que han promulgado leyes de plazos iguales a la que vamos a votar en España. Habrá que organizar manifestaciones no sólo en Madrid sino en París, en Londres, en Berlín, en Amsterdam…

Pero nada de eso sucede. Nadie llamó asesino a José María Aznar, que gobernó ocho años con una ley que bajo el coladero del “daño psicológico” para la madre permite abortos prácticamente sin límite y sin control. Pero se lo llaman a Zapatero por proponer una regulación que pone plazos, establece límites y condiciones objetivas para practicar el aborto, da garantías sanitarias y seguridad jurídica a las madres y a los médicos; y además trata de prevenir los embarazos no deseados, que son el origen de la inmensa mayoría de los abortos.

La jerarquía eclesiástica española ha formulado de hecho una nueva doctrina: la regulación legal del aborto es un crimen execrable siempre y cuando la impulse un gobierno socialista en España. Y es algo ante lo que puede hacerse la vista gorda cuando es la derecha quien la ampara, dentro o fuera de España.

Como diputado, voy a votar la ley del aborto a mucha honra. Y como católico, voy a decirle a los obispos que su discurso sobre este tema no sólo es reaccionario: es hipócrita. Y que mentir a sabiendas no es un delito, pero sí es un pecado.