Soy católico. Como tal, estoy dispuesto a creer que el aborto es un pecado.
Pero antes soy ciudadano y demócrata. Y como tal, no estoy dispuesto a creer ni a admitir que el aborto tenga que ser un delito.
Como creyente, se me puede exigir que mi vida personal responda a los criterios morales derivados de mi fe. Pero como representante de los ciudadanos no se me puede exigir que pretenda imponer esos criterios por ley a toda la sociedad. Más bien se me tiene que exigir lo contrario: que defienda el derecho de todas las personas a vivir de acuerdo con sus propios valores, religiosos o de cualquier otro tipo.
La confusión entre pecado y delito, la idea obsoleta de que el Estado debe actuar como brazo ejecutor de la doctrina de la Iglesia, la injusta pretensión de obligar a todos a vivir según las creencias de algunos, la nunca abandonada aspiración de hegemonizar moralmente a la sociedad a través de las leyes, es la causa principal de que muchos sigan viendo hoy a la Iglesia Católica como un instrumento de opresión.
Y además, ha quedado lejos en la historia. Cuando Azaña pronunció su famosa frase: España ha dejado de ser católica, no quería decir que los españoles hubieran perdido la fe, sino que la religión había regresado al ámbito del que nunca debió salir, el de las convicciones íntimas y privadas, y que en el Estado moderno no hay ninguna posibilidad de aceptar que una doctrina religiosa dicte las leyes que afectan a todos.
Casi todos los delitos son pecado (aunque hay que ver la indulgencia con la que la Iglesia ha contemplado secularmente algunos de ellos); pero lo que es pecado no tiene por qué ser delito. Llevar el catecismo al Código Penal es inasumible por una sociedad civilizada. La mujer que decida libremente interrumpir su embarazo puede ser que vaya al infierno; pero de ninguna manera tiene que ir a la cárcel.
No hay ninguna amenaza eclesiástica que pueda inducirme, como miembro del Parlamento, a promover una legislación que convierta en delincuentes a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad. Y la obligación del legislador democrático, cualesquiera que sean sus convicciones íntimas, es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de seguridad.
Pero como católico lo que más me irrita no es la deriva autoritaria de quienes pretenden que sus creencias sean ley. Lo que más me irrita es la hipocresía episcopal.
Porque si el aborto es un crimen que tiene que ser perseguido, lo será de igual manera con la ley que está en vigor desde hace más de veinte años que con la que ahora propone el Gobierno. Se trataría del mismo crimen cuando gobernaba el PP y se practicaban en España más de medio millón de abortos legales que cuando gobierna Zapatero. Habrá que denigrar y excomulgar no sólo a los socialistas españoles, sino a los conservadores de todos los gobiernos europeos que han promulgado leyes de plazos iguales a la que vamos a votar en España. Habrá que organizar manifestaciones no sólo en Madrid sino en París, en Londres, en Berlín, en Amsterdam…
Pero nada de eso sucede. Nadie llamó asesino a José María Aznar, que gobernó ocho años con una ley que bajo el coladero del “daño psicológico” para la madre permite abortos prácticamente sin límite y sin control. Pero se lo llaman a Zapatero por proponer una regulación que pone plazos, establece límites y condiciones objetivas para practicar el aborto, da garantías sanitarias y seguridad jurídica a las madres y a los médicos; y además trata de prevenir los embarazos no deseados, que son el origen de la inmensa mayoría de los abortos.
La jerarquía eclesiástica española ha formulado de hecho una nueva doctrina: la regulación legal del aborto es un crimen execrable siempre y cuando la impulse un gobierno socialista en España. Y es algo ante lo que puede hacerse la vista gorda cuando es la derecha quien la ampara, dentro o fuera de España.
Como diputado, voy a votar la ley del aborto a mucha honra. Y como católico, voy a decirle a los obispos que su discurso sobre este tema no sólo es reaccionario: es hipócrita. Y que mentir a sabiendas no es un delito, pero sí es un pecado.
En las sentencias del TC parece que a misa va lo que va y de misa viene lo que viene, y lo que deja clara la sentencia referida del año 1985 es la necesidad de promulgar, con la fuerza de los votos (para desgracia de algún ilustre jurista) y en el Parlamento, una Ley Orgánica que otorgue protección constitucional al derecho a la vida de los fetos, considerados estos como bienes jurídicos subceptibles de tal protección y no como vidas humanas. (Y así se hizo)
Y es que en España, para que una persona pueda ser titular de derechos y ser considerada persona, no sólo tiene que haber nacido, sino que además, tiene que haber vivido, al menos, 24 horas fuera del vientre materno, como así determina el Código Civil vigente en sus articulos 30 y siguientes. La excepción a esta norma es o va a ser (con la nueva modificación de la ley de interrupción del embarazo) el reconocimiento legal del derecho a la vida de los fetos que hayan superado las 14 semanas de gestación, respondiendo este plazo no sólo a un criterio biológico sino además, a la necesidad de preservar los derechos constitucionales que amparan a la mujer que porta el feto, que no son más derechos que el excepcional derecho a la vida que se reconoce al feto sin nacer, pero que tampoco son menos derechos fundamentales que este excepcional y fundamental derecho.
Por último, dado que parece estar claro que la vida humana termina con la muerte, haber si en alguna peli, un “abogao mericano”, o mejor, un tal Mendizabal, se reencarna y planta una denuncia al Papa Santo de Roma por estafador, por que eso de obtener lucro de las gentes de buena voluntad, predicando la resurreción, la vida eterna y otros cuentos afines, no parece muy legal ni en la doctrina del TC.
Salud y suerte para tod@s.
Porque creo que puede ser de su interés, publico en su blog una carta que un amigo mío dirige a su amigo, camarada y “correligionario”
Nada mas, solo comentarle que rezo por los dos que lo necesitan -y mucho-.
La vida según Bono.
A lo largo de mis no pocos años de vida, he encontrado sobre muchísimos temas las justificaciones más inverosímiles que puedan imaginarse; pero debo decir en honor de José Bono, que no había oído ninguna tan carente de sentido común y tan absurda para intentar justificar lo injustificable en alguien que hace bandera de su catolicismo. Yo soy católica, creyente y practicante; y, obviamente, en ningún momento tengo el atrevimiento de otorgar carnet de creyente a nadie, algo a lo que Bono se atreve sin ruborizarse: “a un asesino como Pinochet sí le dieron la comunión”.
La discusión sobre esta afirmación es obvia: a ti, José Bono, tampoco han dejado de dártela. Porque, explícame, a ver si yo lo entiendo: si tú crees que la vida, cualquier vida; tiene la máxima dignidad y el derecho a ser defendida por encima de todas las demás cosas, ¿porqué has votado afirmativamente la Ley de plazos del aborto? Has escrito un artículo en El País para intentar hacernos comulgar con la rueda de tu catolicismo a los que no entendemos, ni podemos entender, semejante incoherencia. Y además, en el colmo de la incongruencia, te refieres a que tu conciencia te interpela; y el resultado no puede ser más lamentable. Porque una vez que te has sentido interpelado ¿tu solución es poner una vela a Dios y otra al diablo? Pues recuerda, como católico que dices ser, que para éstos casos, Jesús ya dejó la solución: “Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro” Mt 6,24.
El contenido del artículo es extraordinariamente confuso para cualquiera que lo analice, aunque siempre con el mismo fondo: como el aborto existe, hay que regularlo. Una justiicación o descaradamente hipócrita o asombrosamente imbécil. En todo caso, muy farisaico. A lo mejor es que yo ya estoy encasillada por obra y gracia de Bono, en ese sector de la Iglesia católica que exijo al Estado que actúe con mano justiciera. Pues no, señor Bono. Usted no es nadie para dar carnet de cristiano a nadie, y mucho menos aún para definir sectores de la Iglesia a su gusto y aprovechamiento para su injustificable excusa.Mi amigo Elentir, en su blog, ha hecho una reflexión muy acertada y que me parece resume la insostenible postura de este Judas: Bono no muestra ni una leve pizca de pudor al traicionar el Cristianismo mientras invoca la figura de Jesús.
En el artículo de descargo de la conciencia interpelada de Bono, éste dice que ésta ley conseguirá una triple finalidad: disminuir los abortos, proteger al nasciturus y mejorar las garantías jurídicas de la madre. Es extraño que diga que va a disminuir los abortos, puesto que los que están más felices con este proyecto de ley son precisamente las clínicas que practican abortos:La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) ha mostrado su satisfacción, ya que, en palabras de su vicepresidenta, Francisca García, “es muy importante” que la mujer pueda decidir ante un embarazo que no desea. ¿No es raro que con estas premisas nos diga Bono que se va a reducir el número de abortos? Si estas clínicas antes eran un gran negocio, con ésta Ley, aún lo serán más.
En cuanto a proteger al nasciturus, es que no necesita siquiera un razonamiento. No se protege al nasciturus en cuanto que se elimina. Se mata a un ser humano. ¿Cómo se protege algo que se elimina?. Y en cuanto a proteger la salud de la madre, la falacia es aún mayor, puesto que hace un razonamiento estrafalario y es que la prohibición del aborto abocaría a las mujeres a abortar en la clandestinidad, por lo que no debería ser penado. Lo que viene a ser lo mismo que si redactáramos una Ley que no castigara el hecho de conducir completamente borrachos con el extravagante argumento de que siempre va a haber gente que beba. Una absoluta insensatez. El señor Bono nos toma por imbéciles a todos los que hemos perdido nuestro tiempo leyendo toda esta sarta de tonterías con las que ha querido acallar a su interpeladora conciencia. Y si lo ha conseguido es que el imbécil es él.
Y el último argumento que esgrime ya es de absoluta risa. Mejorar las garantías jurídicas de la madre. ¿En cuanto a qué? ¿Puede decirme a una sola mujer, una sola, que haya sido procesada en éstos 25 años por realizarse un aborto. No nos engañe ni se engañe: no existe ninguna lista de mujeres que hayan abortado, y tampoco ninguna que haya sido privada de sus derechos procesales o sustantivos. Una vez más miente, señor Bono, sin ruborizarse.
Pero quiero creer que usted es un católico, como airea; y por ello mismo, como buen creyente, cree en los milagros y realmente espera que nos creamos el cúmulo de insensateces y tonterías con que pretende justificar su inaceptable apoyo.
Agua, esperaré a que sea Don José quien nos de su idea sobre la Constitución y el Estatut. Será apasionante. Ahí te espero.
Gracias, Jechal.
Ya me sonaba a mí un poco a peli americana de abogaos eso de que lo que dijera un juez del TC en una sentencia iba a misa…
En España, en el ámbito de los derechos fundamentales rige el principio de legalidad, (articulo 53 de la Constitución), que se hace extensivo, además, a la normativa penal.
La jurisprudencia de los tribunales (de todos los tribunales) quedó excluída como fuente del derecho en estas materias en 1978 y sólo por ley pueden regularse, afortunadamente.
De los grandes juristas profesionales, me da pereza opinar, no vayan a manipularme el lenguaje.
Salud y suerte para tod@s.